Los docentes universitarios llevaron adelante este miércoles un nuevo reclamo al Gobierno nacional para que se aplique la recomposición salarial establecida por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente sujeta a una medida cautelar judicial.
El paro de 72 horas fue decidido la semana pasada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales de la CONADU, durante un plenario de secretarios y secretarias. Los docentes exigen que el Gobierno del presidente Javier Milei cumpla con la recomposición salarial del 33,4% prevista en la normativa, además de acatar la intimación del juez federal Martín Cormick.
El juez en lo Contencioso Administrativo intimó al Ejecutivo a que, en un plazo de cinco días, otorgue el “cumplimiento total” de la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, los cuales establecen la recomposición de salarios docentes y no docentes, así como de becas estudiantiles. Sin embargo, la Casa Rosada apeló dicha medida.
Esta medida de fuerza forma parte del plan de lucha y antecede a una nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre próximo.
Las universidades habían solicitado semanas atrás una intimación judicial contra el Ejecutivo por la no aplicación de la ley. La medida cautelar del juez Cormick, dictada en diciembre pasado, contó con el aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme tras un fallo de la Corte Suprema, del 25 de junio pasado.
Las universidades y los gremios del sector estiman que se adeuda una recomposición salarial del 31,2%; sin embargo, el Gobierno ofreció apenas un 3% en la última paritaria.
La Ley de Financiamiento fue sancionada en 2025 en el Congreso, pero el presidente Milei ejerció el veto presidencial. La norma regresó al Parlamento y, en un hecho inédito, fue insistida por dos tercios de los votos en cada cámara, conforme lo establece la Constitución Nacional. El último paso se dio en el Senado, el 2 de octubre de 2025, donde fue aprobada por mayoría aplastante.
El Ejecutivo promulgó la ley, pero suspendió su aplicación alegando la falta de especificación de las fuentes de financiamiento. Ante esta situación, las universidades iniciaron una demanda judicial y comenzaron una serie de protestas que continúan hasta la fecha.