El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas no pasarán la noche en prisión. El juez de instrucción responsable de tramitar la orden europea de detención y entrega, cursada el pasado viernes por la jueza Carmen Lamela, ha decidido este domingo dejarlos en libertad aunque con medidas cautelares, según confirman fuentes judiciales belgas. Estas medidas consistirían básicamente en la obligación de permanecer en Bélgica y comparecer ante el juez cuando sean citados.
Puigdemont y los cuatro exconsellers -Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig- pactaron este sábado con la fiscalía de Bruselas entregarse voluntariamente en una comisaría del centro de la capital comunitaria. Y así lo han hecho este domingo a las 9.17 de la mañana en la comisaría de la policía federal ubicada en la rue Royal. “En presencia de sus abogados se les ha informado de la orden de búsqueda y captura y se les ha privado de libertad”, ha explicado este domingo el portavoz y magistrado Gilles Dejemeppe.
Una “privación de libertad obligatoria por ley” tras la cual han sido trasladados en vehículos policiales ya bajo arresto al edificio Portalis, sede de la Fiscalía de Bruselas y también del Tribunal de Primera Instancia, para ser escuchados e interrogados por el juez de instrucción. Según ha explicado Dejemeppe, hasta donde él sabe, no han sido esposados porque “no representaban un peligro para los policías que les han acompañado” ni “había riesgo de fuga”.
El procedimiento ha tenido lugar en neerlandés porque ha sido la lengua elegida por Puigdemont y los exconsellers –podían elegir francés o neerlandés las dos lenguas oficiales en Bruselas- que estando prestando declaración al menos cuatro horas y a puerta cerrada, en turnos sucesivos, acompañados de sus respectivos abogados e intérpretes.
En total, los cinco políticos catalanes han estado detenidos en dependencias judiciales belgas más de catorce horas. Tras la decisión del juez de instrucción, el caso se trasladará ahora a la Cámara del Consejo, una especie de Tribunal de Primera Instancia, que será la responsable de examinar el fondo de la euroorden. Este Tribunal tendrá que verificar que los delitos de los que están acusados en España – rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación- existen también en la legislación belga y que las penas se corresponden. Por ejemplo, la rebelión y la sedición no están recogidos como tal en el código penal belga.