La reina de Inglaterra, el presidente de Colombia, el secretario de Comercio de Estados Unidos, el yerno del presidente Donald Trump, el ministro de Finanzas de la Argentina, y artistas como Madonna y Bono, entre otros, están involucrados en un nuevo caso de empresas off shore, reveló hoy otra investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
En el trabajo, conocido como Paradise Papers, aparecen, además de Isabel II, Juan Manuel Santos, Wilbur Ross, Jared Kushner y el ministro Caputo, el jefe de la cartera de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, la reina Noor de Jordania, el cofundador de Microsoft Paul Allen, y el financista argentino Ignacio Rosner, quien aspira a quedarse con el grupo Indalo, que pertenece a Cristóbal López.
La documentación reveló que Ross es accionista de la compañía naviera rusa Navigator, que tiene vínculos comerciales con la gasífera Sibur, uno de cuyos propietarios es Kirill Shamalov, yerno del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Asimismo, señaló que Kushner recibió 850.000 dólares del magnate ruso Yuri Milner para una de sus empresas tecnológicas, Cadre.
Milner es cofundador de DST Global, un fondo alimentado por el VTB Bank, un banco público ruso que fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos.
El fiscal especial estadounidense Robert Mueller está investigando posibles contactos entre el gobierno de su país y Rusia durante la campaña presidencial y la posible injerencia rusa en los comicios para apoyar la victoria electoral de Trump.
A la vez, Kushner está bajo la lupa del FBI por sus posibles vínculos con Rusia.
En el caso de la reina Isabel, los documentos divulgados revelan que hace 12 años invirtió 10 millones de libras (unos 13 millones de dólares) en fondos en las islas Caimán y Bermudas a través del ducado de Lancaster, que financia los gastos personales de varios miembros de la familia real.
Acerca de Santos, la investigación revela que hasta 2001 -cuando era ministro de Hacienda del presidente Andrés Pastrana- integró el directorio de dos compañías de seguros radicadas en Barbados que, a la vez, son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia, una firma que financia gastos educativos de colombianos en el exterior.
Caputo, antes de ingresar a la función pública en el gobierno del presidente Mauricio Macri, administró Noctua Partners, una gerenciadora de fondos de inversión en Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán, dos jurisdicciones en las que rigen el secreto y las ventajas fiscales, informó el diario La Nación, cuatro de cuyos periodistas integraron el equipo de la ICIJ que realizó la investigación.
Noctua estaba vinculada con Axis, una sociedad gerente de fondos de inversión radicada en la Argentina.
«No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua; la primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario, ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo; si fuera así, me trago este teléfono», dijo Caputo a La Nación.
Por su parte, Meirelles creó una fundación «para fines benéficos» en Bermudas a fines de 2002, por lo que, según él mismo explicó, no obtiene utilidades y no tiene la obligación de declarar esa actividad.
En el caso de Madonna, están involucradas unas acciones suyas en una empresa de suministros médicos, y en el de Bono, unas acciones que poseía en una compañía radicada en Malta que invirtió en un centro comercial en Lituania.
En tanto, Rosner -cara visible del fondo de inversión OP Investments, que aspira a adquirir el grupo Indalo- operó «durante años» empresas off shore en las islas Bermudas y Caimán, sostuvo la investigación.
El informe divulgado hoy se basa en el acceso a 13,4 millones de documentos de empresas que operan en paraísos fiscales de todo el mundo.
Así como el informe similar Panamá Papers, revelado en abril de 2016, estuvo basado en documentos pertenecientes al estudio de abogados Mossack Fonseca, Paradise Papers utilizó datos de Appleby, una firma radicada en Bermudas y dedicada a prestar servicios legales y administrativos para la creación de compañías off shore.