El Gobierno autorizó una ampliación en la emisión de deuda pública por hasta $221.119 millones, destinada a cancelar obligaciones pendientes con empresas constructoras vinculadas a contratos de obra pública. La medida fue establecida mediante la Resolución Conjunta 59/2026 del Ministerio de Economía.
Estos recursos cubrirán pagos correspondientes a certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios del período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2025, así como obligaciones pendientes derivadas de contratos de obra pública extinguidos desde 2024.
La operatoria forma parte del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, establecido en julio pasado por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, que fijó el cupo máximo de deuda a emitir.
Firmada este martes por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el de Hacienda, Carlos Guberman, la resolución amplía una canasta de tres bonos en pesos con capitalización de intereses, con vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027.
El 33% de la emisión corresponderá a una Lecap con vencimiento el 30 de octubre próximo, por hasta $60.000 millones; otro 33% será destinado a una Boncap que vence el 15 de enero de 2027, por un monto máximo de $51.000 millones; y el 34% restante se asignará a una Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027, por hasta $60.000 millones.
Estos tres títulos fueron emitidos originalmente en 2025, pero ahora el Ministerio de Economía decidió ampliarlos para cancelar las obligaciones reconocidas con las empresas constructoras mediante títulos de deuda, en lugar de realizar pagos en efectivo.
Desde el sector de la construcción, el monto es considerado insuficiente. Según un relevamiento preliminar de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) realizado entre sus socios en los últimos dos años, la deuda por certificados de obra podría alcanzar los $400.000 millones.
El Gobierno ya aplicó un mecanismo similar con generadoras eléctricas y productores de gas. En mayo de 2024, entregó bonos en dólares con vencimiento en 2038 y una tasa de interés anual del 4,25%, que incluyó una quita del 50%. Algunas empresas reportaron pérdidas de hasta US$ 100 millones por esta operación.
La emisión oficializada este martes establece que la operatoria se imputará a Aplicaciones Financieras del Ministerio de Economía, por lo que, en principio, no se computará como gasto primario ni afectará el resultado fiscal en el momento de la entrega de los bonos.
Esto permitiría evitar presionar aún más el superávit fiscal, en un contexto en el que el Gobierno continúa ajustando el gasto para hacer frente a la caída de la recaudación registrada en los últimos meses, afectada a su vez por señales de estancamiento económico.
El economista de Empiria, Nicolás Gadano, señaló en la red social X: «Hacienda emite $221 mil millones en instrumentos de deuda con intereses capitalizables para cancelar obligaciones por pagos pendientes de obra pública. Todo por debajo de la línea, aguante el superávit fiscal».
El exfuncionario explicó que, probablemente, se cancelan obligaciones del Estado Nacional —en este caso, pagos a proveedores de obra pública— con títulos de deuda, sin devengar esos gastos previamente «arriba de la línea», es decir, sin impacto inmediato en el gasto ni en el resultado fiscal.
Además, destacó que los instrumentos de deuda utilizados no pagan cupones, ya que capitalizan los intereses, por lo que «todo el impacto fiscal de esta operación no afectará nunca el resultado financiero».