A quince días de sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados, el diputado Máximo Kirchner recibió otro revés judicial. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo que presentó junto a su hermana, Florencia, para impedir que se avance sobre casas, terrenos, hoteles y departamentos anotados a nombre de ambos, en una segunda etapa de decomisos de la causa Vialidad, en la que fue condenada por corrupción su madre, Cristina Kirchner.
Los jueces de la Sala IV, Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, desestimaron por unanimidad el pedido para suspender el trámite. Consideraron que los recursos eran “formalmente inadmisibles” porque la resolución cuestionada no era una sentencia definitiva ni impedía la continuación del proceso, y que la defensa no demostró un perjuicio de imposible reparación posterior.
El decomiso es la herramienta para que el Estado recupere lo obtenido con el delito. En este caso, se trata de la maniobra en torno a 51 licitaciones viales adjudicadas de manera irregular, con sobreprecios promedio del 65%, al empresario Lázaro Báez. Según los peritos de la Corte Suprema, la cifra actualizada asciende a $685.000 millones, y los nueve condenados deben responder de manera solidaria.
La primera tanda de bienes, con 111 propiedades y vehículos, está bajo análisis de la Corte Suprema. De ellos, 19 están escriturados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. El Tribunal Oral Federal 2 fijó como criterio alcanzar todo lo que los condenados incorporaron a su patrimonio entre 2003 y 2015, y como Cristina Kirchner cedió en 2016 todos sus bienes a sus hijos, esos activos quedaron incluidos.
En paralelo, el tribunal avanza con una segunda tanda de 144 bienes, que incluye propiedades de las empresas familiares Los Sauces y Hotesur. El fiscal Diego Luciani reclamó además el decomiso de 5 millones de dólares de Florencia Kirchner, embargados en la causa por lavado vinculada a esas compañías. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso ya ordenaron embargos preventivos sobre esos bienes.
La defensa, a cargo de Luis Goldin, pretendía que se suspendiera todo hasta que la Corte se pronuncie sobre la primera tanda. Para el tribunal, en cambio, la sentencia firme determinó que la maniobra “generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner”, ya que las empresas de Báez alquilaron y explotaron hoteles y propiedades de la familia, por lo que el dinero del delito “circuló y se asentó en los activos de esas sociedades”.